La justicia también educa: el valor de las resoluciones judiciales en la prevención de la violencia vial
Desde P(A)T – Prevención de Accidentes de Tráfico queremos expresar nuestra preocupación por el mensaje que determinadas resoluciones judiciales pueden trasladar a la ciudadanía cuando afectan a conductas de extrema gravedad en el ámbito de la seguridad vial.
La reciente sentencia de la Audiencia de Girona condena a 2 años, 10 meses y 15 días de prisión al conductor que, tras conducir con una tasa de alcohol que triplicaba el límite legal, atropelló mortalmente a una ciclista de 35 años en la carretera dels Àngels, abandonó a la víctima sin prestarle auxilio y continuó conduciendo durante 2,4 kilómetros. El jurado popular lo declaró culpable por unanimidad de homicidio por imprudencia grave, conducción bajo los efectos del alcohol, conducción temeraria y omisión del deber de socorro. Sin embargo, la propia resolución abre la posibilidad de que pueda solicitar la suspensión del ingreso en prisión al no superar ninguna de las penas impuestas, consideradas individualmente, los dos años.
No corresponde a nuestra entidad cuestionar una sentencia concreta, sino reflexionar sobre el impacto que este tipo de decisiones puede tener en la percepción social de la gravedad de determinadas conductas. ¿Qué mensaje recibe la sociedad cuando existe una distancia tan difícil de comprender entre la gravedad objetiva de unos hechos y la percepción de sus consecuencias?
La justicia no solo resuelve conflictos. También educa, transmite valores, establece límites y contribuye a construir la cultura de una sociedad. En materia de seguridad vial, las resoluciones judiciales poseen una importante dimensión preventiva y pedagógica: ayudan a definir qué comportamientos son socialmente inaceptables y cuál es el valor que otorgamos a la vida y a la seguridad de las personas.
Ante un caso como este, muchas víctimas y buena parte de la ciudadanía experimentan una profunda sensación de desconcierto. No porque reclamen venganza, sino porque necesitan comprender que el sistema protege de forma clara el bien jurídico más importante: la vida.
Este caso nos recuerda, además, que detrás de cada procedimiento judicial hay personas. Hay una mujer que perdió la vida. Hay un hijo que crecerá sin su madre. Hay una pareja, unos padres, unos hermanos y un entorno que convivirán para siempre con una ausencia irreparable. Para ellos, el proceso no termina con una sentencia. El verdadero proceso implica reconstruir una vida marcada por el duelo, el trauma y unas consecuencias que les acompañarán siempre.
A ello se suma el sufrimiento añadido que supone esperar casi cinco años para la celebración del juicio. La propia sentencia aplica la atenuante de dilaciones indebidas por la duración del procedimiento, una circunstancia que la familia ha denunciado públicamente como una prolongación innecesaria de su dolor.
En P(A)T llevamos más de cincuenta años acompañando a víctimas de siniestros viales. Sabemos que la prevención no depende únicamente de campañas de sensibilización, controles policiales o mejoras en las infraestructuras. También requiere un sistema normativo y una respuesta judicial que refuercen de manera inequívoca el mensaje de que poner en riesgo la vida de los demás constituye una de las conductas más graves que pueden producirse en nuestra convivencia.
Por ello creemos necesario abrir un debate sereno y riguroso sobre si nuestro marco legal y la respuesta penal vigente transmiten realmente el valor que como sociedad queremos otorgar a la vida humana y si cumplen adecuadamente su función preventiva y pedagógica.
No se trata de reclamar penas ejemplarizantes ni de cuestionar la independencia judicial. Se trata de preguntarnos qué cultura de la movilidad estamos construyendo y qué mensaje reciben quienes cada día toman decisiones al volante.
Porque la prevención comienza mucho antes del siniestro. Pero también se construye después, con las respuestas que como sociedad damos cuando una vida se pierde.
La vida debe seguir siendo el centro de todas las decisiones. También de las judiciales.
P(A)T – Prevención de Accidentes de Tráfico

